Santander y BBVA buscan cerrar el litigio por supuesta manipulación de bonos gubernamentales mexicanos | Benzinga España

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Share Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Las filiales mexicanas de Santander y BBVA figuran entre las seis entidades que han alcanzado un acuerdo preliminar de 86,4 millones de dólares. Los pactos alcanzados en el procedimiento ascenderían a 107,1 millones de dólares, incluidos 20,7 millones acordados anteriormente por JPMorgan Chase y Barclays. No se ha divulgado el reparto entre las seis entidades, por lo que el efecto contable incremental para Santander y BBVA no puede cuantificarse.

Las filiales mexicanas de Banco Santander, S.A.  (BME:SAN)  (NYSE: SAN ) y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.  (BME:BBVA)  (NYSE: BBVA ) han alcanzado, junto con Bank of America, Citi, Deutsche Bank y HSBC, un acuerdo preliminar para cerrar las reclamaciones pendientes en una demanda colectiva sobre la supuesta manipulación de bonos gubernamentales mexicanos.

El pacto se presentó el viernes 14 de agosto de 2026 ante el tribunal federal de Manhattan y todavía necesita autorización judicial. Las entidades han negado haber cometido irregularidades.

Un acuerdo de 86,4 millones pendiente del juez

Si recibe el visto bueno, el acuerdo de 86,4 millones de dólares, equivalente a aproximadamente 75 millones de euros, resolverá todas las reclamaciones que seguían abiertas contra las seis entidades en este procedimiento.

El total pactado en el caso ascendería así a 107,1 millones de dólares, antes de los honorarios jurídicos. JPMorgan Chase y Barclays ya habían acordado en 2020 pagos de 15 millones y 5,7 millones de dólares, respectivamente.

Los abogados de los demandantes podrían solicitar hasta un tercio del nuevo acuerdo en concepto de honorarios, un máximo de 28,8 millones de dólares.

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De la desestimación al regreso del caso a Manhattan

La demanda colectiva fue presentada en 2018 por inversores institucionales estadounidenses que habían comprado bonos gubernamentales mexicanos. La denuncia original situaba la supuesta conspiración entre el 1 de enero de 2006 y el 19 de abril de 2017.

Los demandantes sostenían que los bancos habían coordinado algunas ofertas en las subastas del Banco de México, vendido posteriormente los bonos a precios artificialmente elevados y ampliado de forma concertada los diferenciales entre los precios de compra y venta.

El tribunal de distrito desestimó la demanda el 30 de noviembre de 2020 por falta de jurisdicción personal. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito anuló esa decisión el 9 de febrero de 2024, al considerar que la denuncia describía contactos suficientes con Nueva York mediante intermediarios financieros.

Ese fallo fue procesal y no determinó que hubiera existido manipulación. Permitió que el caso siguiera adelante.

Los demandantes presentaron una tercera demanda enmendada el 12 de junio de 2024. Esta versión redujo el periodo analizado a 2010-2014 y concentró las acusaciones en el mercado secundario: ventas a precios presuntamente inflados y diferenciales de compra y venta supuestamente ampliados de manera artificial.

El 15 de enero de 2025, el juez J. Paul Oetken rechazó una nueva petición de archivo al considerar que las alegaciones eran suficientes para superar esa fase procesal.

COFECE sancionó 142 acuerdos en un expediente distinto

La Comisión Federal de Competencia Económica de México concluyó en enero de 2021 que siete bancos y once operadores habían establecido 142 acuerdos ilegales en determinadas operaciones del mercado secundario de deuda pública entre 2010 y 2013.

El organismo impuso multas conjuntas de 35.075.000 pesos mexicanos y calculó un perjuicio de 29.389.000 pesos mexicanos.

El expediente administrativo mexicano y la demanda estadounidense no abarcan exactamente las mismas entidades ni los mismos periodos. COFECE incluyó a Barclays y JPMorgan, que alcanzaron sus propios acuerdos en 2020, mientras que HSBC forma parte del pacto preliminar presentado en agosto de 2026.

La aprobación y el reparto por banco determinarán el alcance

Si el juez concede la aprobación definitiva, el acuerdo acotaría el riesgo jurídico de las seis entidades en este procedimiento y cerraría las reclamaciones pendientes. Sin embargo, los 86,4 millones de dólares corresponden al conjunto de los demandados y no únicamente a las filiales de Santander y BBVA.

La primera variable pendiente es la resolución judicial. La segunda es el desglose del pago y su tratamiento contable en cada grupo. Sin esa información, no puede determinarse cuánto corresponde a Santander o BBVA, si el desembolso está cubierto por provisiones existentes o si generará un cargo adicional.

Las próximas comunicaciones judiciales y financieras deberán aclarar ambos extremos. Mientras tanto, el pacto representa una propuesta de cierre civil sin reconocimiento de responsabilidad por parte de las entidades.

Imagen creada con Inteligencia Artificial

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